En un alarmante giro de los acontecimientos, se ha desvelado una red de filtración de información en el sistema de emergencias ECU 911, implicando a operadores, policías, médicos y guardias. La situación salió a la luz cuando la madre de los hermanos Alvarado, en Quito, falleció debido a un derrame cerebral. A pesar de que sus hijos llamaron desesperadamente al ECU 911 solicitando una ambulancia, ésta nunca llegó. Sin embargo, trabajadores de funerarias se presentaron en su hogar ofreciendo sus servicios, incluso antes de que se confirmara el fallecimiento.

El caso fue denunciado en redes sociales por uno de los hermanos y rápidamente se viralizó. Posteriormente, el ECU 911 emitió un comunicado afirmando que los hechos ya están en conocimiento de las autoridades competentes para una investigación exhaustiva. Según informantes, algunos operadores del ECU 911 habrían establecido una 'alianza' con las funerarias, filtrando información crítica a cambio de pagos.

El modus operandi consiste en que, al recibir una llamada de emergencia, los operadores proporcionan datos personales de los familiares y la ubicación a las funerarias antes de derivar la emergencia a los bomberos o la policía. Se sospecha que estos operadores cobran una tarifa que varía dependiendo de la situación económica del país. En casos de servicios particulares, exigen el 10% del costo del servicio, mientras que, para fallecidos asegurados por el IESS, la tarifa fluctúa entre 100 y 150 dólares.

No solo los operadores del ECU 911 están bajo sospecha; también se menciona la participación de policías y personal hospitalario. Los policías, al conocer la existencia de un fallecido, extorsionan a las funerarias bajo la amenaza de llevar el cuerpo a la morgue, retrasando los trámites. En los hospitales, médicos, guardias y camilleros también estarían involucrados en este negocio ilícito.

Sebastián Barona, presidente de la Asociación de Funerarias del Ecuador, aclaró que las funerarias implicadas no pertenecen a su gremio y anunció medidas contundentes contra estas prácticas. La abogada Nathalya Salazar, por su parte, explicó que los operadores del ECU 911 podrían estar incurriendo en un delito de peculado, al aprovecharse de su posición para obtener beneficios económicos.

La comunidad está consternada ante estos hechos, esperando que las autoridades tomen cartas en el asunto y se haga justicia.