En un giro inesperado durante una sesión virtual el 9 de febrero de 2024, la Asamblea Nacional de Ecuador no consiguió ratificar su rechazo al aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), dejando vía libre al incremento de este impuesto. La decisión surge en un contexto de crisis fiscal, donde el país enfrenta un elevado déficit y una considerable deuda de pagos atrasados.

El pasado 6 de febrero, la Asamblea había rechazado la propuesta de subir el IVA, pero aprobó tres nuevos impuestos: un impuesto temporal sobre las utilidades de bancos y cooperativas, otro sobre las utilidades de empresas, y un aumento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) del 3,5% al 5%. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa, mediante un veto parcial, insistió en la necesidad de elevar el IVA, abriendo además la posibilidad de ajustarlo entre el 13% y el 15% mediante decreto ejecutivo.

Durante la sesión virtual, la asambleísta Valentina Centeno propuso ratificar el texto originalmente aprobado por la Asamblea, rechazando así el aumento del IVA y confirmando los tres impuestos adicionales. No obstante, esta moción no alcanzó los votos necesarios para su aprobación. Acto seguido, se propuso el allanamiento al veto presidencial, el cual tampoco obtuvo los votos suficientes, llevando a la aprobación tácita del veto y, por ende, del aumento del IVA.

La implementación de esta medida generará ingresos adicionales para el Estado, estimados en más de $1.400 millones para el 2024, de los cuales alrededor de $1.000 millones provendrían del IVA y $424 millones de los impuestos temporales y la subida del ISD. Estos ingresos representan una fracción significativa del déficit fiscal estructural de Ecuador, que asciende a aproximadamente $5.000 millones anuales. Sin embargo, expertos advierten sobre el posible impacto en la inflación y la capacidad de la economía ecuatoriana para absorber estos cambios fiscales.