el exvicepresidente Jorge Glas refugiándose en la embajada de México en Quito. La decisión de Glas surge tras la emisión de un documento por la Fiscalía General del Estado al comandante general de la Policía, César Zapata, ordenando su ubicación y detención.

Este movimiento se enmarca dentro de las investigaciones en torno al caso de la reconstrucción de Manabí, posterior al devastador terremoto de 2016. Aunque la Fiscalía no ha detallado los cargos específicos, se especula que están vinculados con actos de corrupción durante su mandato.

La embajada mexicana, al acoger a Glas, ha generado un delicado escenario diplomático. La Cancillería ecuatoriana ha reaccionado rápidamente, indicando que tomará las medidas necesarias para cumplir con el requerimiento de la Fiscalía. El gobierno mexicano, por su parte, ha aclarado que Glas está en calidad de huésped y que cualquier pedido de asilo dependerá de los acuerdos bilaterales existentes.

El caso de Glas ha sido controversial desde su inicio. Sentenciado a seis y ocho años por corrupción en los casos Odebrecht y Sobornos, recuperó su libertad tras pasar cinco años en prisión. La Corte Constitucional recientemente emitió una sentencia que ratificó la inadmisión de las demandas de habeas corpus presentadas por Glas, agravando su situación legal.

La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrolla este caso, que no solo plantea interrogantes sobre la justicia y la política en Ecuador, sino también sobre la diplomacia y el asilo político en América Latina.