Un juez de Guayaquil cerró la puerta a Granasa. Eduardo Santamaría Encalada declaró improcedente la acción de protección contra la Superintendencia de Compañías. La resolución salió este miércoles 21 de enero de 2026. Granasa había presentado el recurso tras la notificación que buscaba revertir el 40% de sus acciones. Ese paquete fue transferido años atrás por Veranera, hoy en liquidación, a Íngrid Martínez Leisker. La empresa aseguró que se afectaron sus derechos a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica. El juez revisó las notificaciones enviadas por la Superintendencia. Determinó que los actos del liquidador y la reversión de acciones llegaron al correo de Martínez Leisker. Al no haber respuesta, concluyó que no hubo afectación a la defensa. Sobre seguridad jurídica, el magistrado apuntó a la Ley de Compañías y su reglamento. Señaló que todo se tramitó conforme a esas normas. También recordó que este tipo de acción no procede si aún hay vías judiciales ordinarias disponibles. Indicó que Martínez Leisker no demostró que esa vía fuera ineficaz. Añadió que, pese al tiempo, no impugnó el oficio del 29 de diciembre de 2025. La defensa de Martínez Leisker alegó que no la notificaron tras el cambio de liquidador. Además sostuvo que la Superintendencia carecía de competencia para revertir una transferencia accionaria. El juzgado no le dio la razón. Con la decisión, la medida administrativa de la Superintendencia quedó en pie. El caso tocó de lleno a Expreso y Extra, diarios editados por Granasa. Días antes, la compañía denunció acciones del Gobierno de Daniel Noboa para someter a ambos medios críticos mediante instituciones públicas.