El exjuez de Santo Domingo, Emerson Curipallo, conocido como el “juez suicida”, ha recibido una nueva sentencia de 24 meses de prisión este 1 de octubre, tras haber liberado de manera ilegal al exvicepresidente Jorge Glas en 2022. La condena se da por el delito de prevaricato, un acto en contra de la ley que Curipallo admitió al aceptar su culpabilidad, lo que redujo su sentencia a dos años.

La Fiscalía demostró que Curipallo, sin tener la competencia, facilitó la salida de Jorge Glas, quien cumplía dos condenas: una por cohecho y otra por delincuencia organizada, en la cárcel de Cotopaxi. La intervención del juez fue considerada como una violación flagrante a la ley, permitiendo la libertad del exvicepresidente de manera irregular y generando un gran escándalo en el sistema judicial ecuatoriano.

Este no es el primer caso que involucra al exjuez Curipallo en actividades delictivas. En el caso Metástasis, se descubrió que Curipallo cobró 200.000 dólares para liberar a dos hombres que pertenecían al fallecido narcotraficante Leandro Norero. En julio de 2024, fue sentenciado por delincuencia organizada tras un procedimiento abreviado, lo que confirma su vinculación con redes criminales y su participación en actos de corrupción.

Pero los problemas legales de Curipallo no terminan ahí. Dentro de otro proceso, el caso Independencia Judicial, un testigo protegido, Álex Palacios, declaró que la sentencia que permitió la liberación de Jorge Glas fue redactada por Wilman Terán, quien en ese momento era juez de la Corte Nacional de Justicia. Este hecho ha abierto una nueva investigación por el delito de asociación ilícita, involucrando a más miembros del sistema judicial en actos corruptos.

Emerson Curipallo, quien era conocido con el alias “El Gran Gitano” dentro de los chats del narcotraficante Leandro Norero, formaba parte de una red criminal que utilizaba a jueces para llevar a cabo actividades ilícitas. Con esta nueva condena, la figura de Curipallo, quien también recibió una sentencia de 30 meses de prisión por otro caso de prevaricato en el que liberó a seis personas, se hunde aún más en un entramado de corrupción que ha dejado al descubierto las vulnerabilidades de la justicia en Ecuador.