Los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre medidas del Ejecutivo empezaron a demorar. Por primera vez, dos estados de excepción firmados por Daniel Noboa pasaron sin calificación de los jueces. Se trata de los Decretos 174 y 175. El 174 fue expedido el 4 de octubre como nueva respuesta al paro nacional. En una ocasión previa, la Corte sí había limitado la militarización y el alcance del primer decreto por las protestas. Con el 174 no hubo dictamen, pese a denuncias de posibles violaciones de derechos humanos. El Ejecutivo derogó esa medida el 26 de octubre sin que la Corte se pronuncie. El 175 renovaba por 30 días el estado de excepción por inseguridad en Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y el cantón Echeandía. Ese decreto llegó el 5 de octubre y expiró el 3 de noviembre sin dictamen. El 4 de noviembre el Presidente retomó el régimen de excepción para cinco provincias y tres cantones por la crisis de violencia. Con todos estos decretos, los estados de excepción suman 549 días desde el 23 de noviembre de 2023. El cambio de ritmo de la Corte llegó tras la campaña del Gobierno en contra de los magistrados. Hubo gigantografías con sus rostros en avenidas de Quito. También un intento de quitarles el edificio, con desalojo por una supuesta amenaza de bomba. El discurso oficial insistió en recortar atribuciones del tribunal con reformas. Quedó en el aire el seguimiento al dictamen de febrero sobre uso excesivo del estado de excepción y la comisión interinstitucional que debía crearse. El 26 de septiembre la Corte declaró inconstitucionales las leyes de Integridad Pública y de Seguridad Nacional. Aún no hay sentencia sobre la Ley de Inteligencia, que también recibió demandas. Se acumulan además 18 demandas contra las leyes de Transparencia Social y de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia. Tampoco hay dictamen sobre el paquete de cuatro enmiendas presentado el 9 de septiembre, mientras que la Corte ya se pronunció sobre otras tres propuestas de ese mes. La reforma electoral y la nueva ley de Garantías Jurisdiccionales fueron negadas, y la reducción de asambleístas fue calificada. El Presidente decidió no convocar la consulta sobre casinos y mantuvo la papeleta del 16 de noviembre con bases militares extranjeras, financiamiento estatal de organizaciones políticas, reducción de asambleístas y Asamblea Constituyente, que además espera pronunciamiento por 14 demandas contra el Decreto 153.