El pasado jueves 8 de agosto de 2024, la vicepresidenta Verónica Abad sorprendió al país al presentar una denuncia formal ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra del presidente Daniel Noboa, acusándolo de violencia política de género. Esta denuncia, que también involucra a la canciller Sommerfeld, al viceministro Esteban Torres y a la asesora Diana Jácome, marca un momento tenso en la relación entre las más altas autoridades del país.

La denuncia se enmarca dentro del artículo 280 del Código de la Democracia, que define la violencia política de género como una infracción electoral muy grave. Esta infracción incluye cualquier forma de agresión o conducta antijurídica que afecte los derechos de participación de mujeres que ocupan o aspiran a ocupar cargos públicos, así como aquellas que son defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales. La ley establece sanciones severas para estos actos, que van desde multas económicas significativas hasta la destitución y suspensión de derechos de participación política por un periodo de dos a cuatro años.

Según el proceso legal, el TCE deberá evaluar la denuncia presentada por Abad. El juez electoral competente determinará si la denuncia es admisible o si debe ser aclarada en un plazo de 48 horas. Si se admite, el presidente Noboa y los demás acusados serán citados formalmente y tendrán cinco días para presentar su defensa y pruebas ante el tribunal.

Este proceso podría culminar en una audiencia oral única, donde se expondrán las pruebas y alegatos de ambas partes. El juez emitirá una sentencia en primera instancia, la cual podrá ser objeto de recursos de aclaración o apelación, si así lo decide el afectado.

En caso de que el TCE falle en contra del presidente y su equipo, las consecuencias podrían ser significativas. Entre las posibles sanciones se incluye la imposición de multas de entre 21 y 70 salarios básicos unificados, la destitución de los cargos y la suspensión de los derechos de participación política. Además, el tribunal podría exigir otras medidas de reparación, como disculpas públicas, la publicación íntegra de la sentencia en la página web de la institución y la capacitación obligatoria sobre derechos de participación.

La denuncia presentada por la vicepresidenta Verónica Abad genera un nuevo desafío en el panorama político de Ecuador. Mientras el país espera la decisión del TCE, la atención pública se centra en cómo esta controversia podría afectar la estabilidad del gobierno y las relaciones entre sus principales figuras.