Las tres principales leyes del presidente Daniel Noboa, Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia, corren el riesgo de venirse abajo en la Corte Constitucional, según varios abogados. María del Mar Gallegos, Andrés Santos y Juan Pablo Ortiz coinciden en que estas normas tienen fallas de forma y fondo que las hacen vulnerables. La ley de Solidaridad, por ejemplo, mezcla varios temas distintos, lo que va contra la Constitución. En Integridad Pública se cambiaron artículos a última hora, sin que fueran debatidos. Y aunque la Ley de Inteligencia no tiene demandas todavía, preocupa porque permite interceptar llamadas y mensajes sin orden judicial. Gallegos incluso dice que podría presentar una denuncia ella misma. Ortiz advierte que hay reformas al Código Penal y al sistema judicial metidas sin justificación. Para Santos, aunque el contenido busca mejorar la seguridad, los errores podrían costarle caro al Gobierno. El endurecimiento de penas para menores infractores es uno de los puntos que más críticas ha generado. Según Santos, un adolescente sicario podía salir en dos años y medio, lo cual debía cambiarse. Pero la forma en la que se hizo abre la puerta para que la Corte anule esos cambios. Hay al menos 25 demandas acumuladas contra las leyes de Solidaridad e Integridad, lo que hace más lento el proceso. La Corte tendrá que decidir si tumba artículos completos o solo partes. Si los jueces declaran inconstitucionalidad parcial, Noboa tendría que enviar reformas bien hechas a la Asamblea. El Ejecutivo aún podría insistir, separando los temas y haciéndolo por vías legales. Pero Santos lanzó una bomba: sugirió que Noboa podría ignorar el fallo de la Corte, como ya hizo con el estado de excepción. En contexto de guerra, el Presidente tiene más poder y podría tomar decisiones sin esperar autorización. Mientras tanto, crecen las dudas sobre si estas leyes se sostendrán o se vendrán abajo.