En las últimas semanas de su administración, el presidente Guillermo Lasso emitió un decreto que ha sorprendido al espectro político nacional. El Decreto Ejecutivo 906, anunciado el 8 de noviembre, revierte una política impuesta hace dos años que limitaba la protección de seguridad del Estado exclusivamente a territorio ecuatoriano y excluía a los familiares de expresidentes y exvicepresidentes.

Este nuevo decreto garantiza que tanto expresidentes como exvicepresidentes, junto con sus cónyuges, disfrutarán de protección y seguridad proporcionadas por el Estado por un periodo mínimo de dos años para los primeros y un año para los segundos, tanto dentro de Ecuador como en el extranjero.

Esta decisión de última hora no solo aumenta el alcance de la protección estatal, sino que también plantea preguntas sobre las implicaciones presupuestarias y diplomáticas de garantizar seguridad más allá de las fronteras nacionales. Expertos en seguridad y política internacional están analizando el impacto que esta medida podría tener en las futuras relaciones diplomáticas y en la dinámica interna del país.

El presidente Lasso, quien está por concluir su periodo en Carondelet, ha estado activo en sus días finales en el cargo, emitiendo no solo este decreto sino también otros que dan operatividad a leyes significativas en el ámbito financiero y de protección de datos personales.