La Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 26 de febrero de 2026 el borrador del informe para el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Extradición. El documento obtuvo siete votos a favor y tres en contra. Tras esa decisión, el informe fue remitido al Pleno legislativo para su análisis y tratamiento. Durante la sesión número 63, la mesa parlamentaria expuso que más de dos tercios de procesos iniciados entre 2019 y 2024 permanecieron sin resolución. También se indicó que la mayoría de requerimientos internacionales quedó pendiente. En la discusión se mencionó un fallo en el sistema judicial asociado a esos retrasos. Entre los puntos señalados estuvieron expedientes con documentación incompleta. Otro problema descrito fue la falta de uniformidad en los requisitos que se exigieron a los Estados solicitantes. La comisión también apuntó al incumplimiento constante de plazos procesales. Se habló de ausencia de parámetros claros para tramitar los pedidos. Además, se mencionó una articulación deficiente entre las instituciones encargadas de canalizar las solicitudes. La sesión se instaló con cuórum reglamentario de diez asambleístas. A favor votaron Rosa Torres, Fernando Nantipia, Josebeth Jaramillo, Gabriela Molina, Marco Olmedo, Esteban Torres y Nuvia Vega. En contra se pronunciaron Eliana Correa, Keevin Gallardo y César Palacios. Rosa Torres defendió el proyecto y dijo que el país necesitaba romper el cerrojo de impunidad que, según ella, había prevalecido en el sistema judicial. La asambleísta afirmó que la ley era una prioridad administrativa. También recordó que el marco normativo no había recibido reformas integrales en 26 años. El borrador propuso crear canales directos de comunicación entre la Corte Nacional de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y autoridades policiales. Según lo expuesto, esa reestructuración buscó reducir tiempos de respuesta. El objetivo planteado fue asegurar que los requerimientos cumplieran tratados internacionales antes de ejecutarse. El trámite respondió a los resultados de la consulta popular de 2024, cuando la ciudadanía apoyó permitir la entrega de connacionales requeridos por la justicia de otros países. El rediseño del sistema pretendió fijar directrices legales para evitar vacíos que se usaron en defensas para dilatar entregas.