La comunidad ecuatoriana amaneció este 30 de enero con una noticia que sacude el ámbito judicial: la exjueza María Belén D. ha aceptado la sentencia impuesta por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, bajo la modalidad de suspensión condicional de la pena, por su involucramiento directo en un caso de tráfico de influencias.

Este giro en el caso ha provocado opiniones encontradas. La Fiscalía General del Estado, en su boletín del día, anunció que, pese a la oposición del fiscal provincial Hernán Flores Pesántez, la Sala de lo Penal otorgó la suspensión condicional, basándose en los criterios del artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal. María Belén D. deberá acatar estrictamente las condiciones estipuladas en el artículo 631, que incluyen residir en un domicilio fijo, no abandonar el país sin autorización judicial, y presentarse cada tres meses ante la Corte.

El caso de María Belén D. tomó notoriedad cuando la Fiscalía reveló su participación en influir sobre dos asistentes judiciales para favorecer al exalcalde de Quito, Jorge Y., en una acción constitucional. Este acto, ejecutado aprovechando su posición como jueza, fue determinante para su condena.

Además de la sentencia de tres años, los jueces impusieron a María Belén D. una multa equivalente a cuatro salarios básicos unificados. Este caso resalta la importancia de la transparencia y la ética en el sistema judicial ecuatoriano, siendo un claro ejemplo de la lucha contra la corrupción y el abuso de poder.