La Contraloría General del Estado aprobó el 10 de diciembre de 2025 un informe sobre la compra de 60 trolebuses eléctricos en Quito. El examen se centró en el convenio entre la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito y la Unops dentro del proyecto Movilidad Sostenible. La auditoría cubrió del 1 de agosto de 2022 al 30 de abril de 2025. Los hallazgos retrataron decisiones improvisadas y falta de controles internos. El organismo calculó un presunto perjuicio económico superior a los 2,5 millones de dólares. Se determinó que la Epmtpq adquirió los buses sin aplicar los procedimientos de contratación pública establecidos. Eran bienes normalizados y correspondía una subasta inversa de acuerdo con el Sercop. Pese a ello, el proceso se tramitó a través de Unops tras un Memorando de Entendimiento firmado por el alcalde y la agencia. Amparado en ese documento, el gerente general invitó a Unops a presentar propuesta y suscribió un Memorándum de Acuerdo para la compra. La Contraloría indicó que se omitieron condiciones del proyecto de inversión y se saltaron pasos de contratación pública. El Directorio de la empresa conoció que la compra avanzaba por Unops y no pidió aclaraciones ni informes técnicos. Tampoco dio seguimiento al Plan Operativo Anual, de acuerdo con el informe. Las mesas de trabajo entre la empresa municipal y la agencia no dejaron evidencias claras sobre costos y condiciones económicas. Estas acciones derivaron en pagos a Unops por 2’552.307,83 dólares sin sustento suficiente, según el reporte. La auditoría también cuestionó la calidad de los vehículos adquiridos. Los trolebuses no cumplieron 15 de las 80 especificaciones técnicas pactadas. El equipo técnico aprobó el diseño del prototipo sin verificar el cumplimiento ni justificar omisiones. La comisión de entrega y recepción, integrada por gerentes, especialistas de mantenimiento y la Coordinadora de Comunicación, no advirtió los incumplimientos y permitió el ingreso de la flota sin garantizar plenamente la seguridad de los usuarios. Por estos hallazgos se recomendaron responsabilidades civiles por el monto del perjuicio y administrativas por 79.970 dólares. Además se identificaron indicios de responsabilidad penal que serán remitidos a la Fiscalía, y hasta el cierre el alcalde Pabel Muñoz y la Empresa de Pasajeros no se pronunciaron.