La decisión del contralor Mauricio Torres encendió una fuerte alerta en Ecuador. El acceso a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos ahora enfrenta nuevas restricciones. Según el texto difundido, periodistas y ciudadanos deben entregar datos personales para consultar esa información. Entre esos datos constan la cédula, la fecha de expedición del documento y el correo electrónico. Esta medida provoca preocupación porque quien revise esos archivos puede quedar identificado. El artículo sostiene que eso puede generar miedo en las personas interesadas en fiscalizar a las autoridades. También señala que el sistema permitiría rastrear información del dispositivo desde el que se hace la consulta. Otro cambio cuestionado es que ya no se muestra la ubicación geográfica de los bienes inmuebles. Tampoco se puede conocer el valor real de esas propiedades. Además, se indica que la declaración deja de mostrar si el funcionario tiene cuentas bancarias en el exterior. Esa reducción de datos vuelve más difícil detectar incrementos sospechosos en el patrimonio. El texto menciona que, pese al escándalo, Torres retrocedió en algunos puntos. Sin embargo, las trabas principales seguirían afectando el acceso a la información pública. Marcelo Espinel, de la fundación Ciudadanía y Desarrollo, explicó que hay tres cambios clave en el sistema. Uno está relacionado con la identificación obligatoria de quien solicita la información. Otro tiene que ver con la reducción de los datos visibles sobre bienes y dinero. Y el tercero apunta a que siempre quedarán registrados los datos de quien haga la consulta. El artículo también recuerda que la Corte Constitucional ordenó el 25 de abril de 2024 que no se impongan formularios para acceder a información pública relevante. Por eso, la decisión atribuida a la Contraloría abre una nueva pelea por la transparencia. En medio de este escenario, crece la sospecha de que los funcionarios que no quieren mostrar el aumento de su patrimonio ahora tienen un respaldo muy conveniente.