El presidente Daniel Noboa lanzó una nueva bomba legislativa: la Asamblea Nacional comenzó el debate de su proyecto económico urgente, la Ley de Integridad Pública, que incluye una propuesta que ha generado fuertes reacciones: juzgar como adultos a menores de edad que cometan delitos graves. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, justificó esta medida señalando que los jóvenes están siendo usados por bandas criminales como carne de cañón. Solo en 2024, se capturaron 2.777 adolescentes por delitos, muchos de ellos por secuestro, sicariato o terrorismo. Según Centeno, a estos chicos les ofrecen hasta $3.000 mensuales, casas o motos por sumarse al crimen. La reforma busca aplicar penas del Código Penal común para delitos con condenas mayores a 10 años, dejando atrás el sistema de justicia juvenil. Pero eso no es todo: el proyecto también introduce sanciones más duras por prevaricato, no solo para jueces, sino también para fiscales y abogados. Quienes incumplan su deber ya no podrán ejercer más la profesión si son sentenciados. Asambleístas del oficialismo aprovecharon para criticar contratos del correísmo como el de la Refinería del Pacífico y la Ruta Collas. Del otro lado, la oposición no se quedó callada. Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana, alertó que este tipo de leyes mal hechas pueden terminar siendo tumbadas por la Corte Constitucional por falta de conexión entre temas. Además, criticó que se usen reformas urgentes para meter todo en un mismo saco. Otro legislador, Raúl Chávez, reclamó que se necesita un análisis más profundo cuando se trata de adolescentes, y que no se puede simplemente “tirarlos al sistema de adultos” sin opciones de rehabilitación. Pese a las críticas, el proyecto sigue en marcha y se perfila como uno de los más duros en esta legislatura.