En un devastador incendio en Murcia, la comunidad ecuatoriana ha sido sacudida brutalmente al ser la más afectada en el siniestro que cobró 13 vidas en dos discotecas. En un contexto de ilegalidad e irresponsabilidad, los locales "Teatre" y "Fonda Milagros", pese a estar desprovistos de permisos y bajo orden de cierre, se convirtieron en la trágica escena que hoy enluta a numerosas familias, principalmente de origen ecuatoriano.

José Morales, jefe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, reveló que, aunque muchos de las víctimas ya poseían nacionalidad española, sus raíces ecuatorianas tejían una fuerte presencia en la comunidad. La tragedia ha dejado entre sus cenizas preguntas ardientes sobre la operación de los centros nocturnos y el porqué de la inacción ante las claras violaciones de las normativas de seguridad y legalidad.

Con las llamas, también se ha encendido la controversia al revelarse que las discotecas operaban como un solo local, denominado Teatro S.L., bajo una única licencia y desatendiendo el mandato de obtención de nuevas licencias para una operación segura y regulada. El ayuntamiento, que había emitido una orden de cierre y ejecutado inspecciones, se enfrenta ahora a escrutinio y exigencias de respuestas.

La comunidad ecuatoriana, sumida en el duelo, busca respuestas y justicia mientras las autoridades avanzan en la identificación de los cuerpos y las investigaciones. Con la resonancia de otras tragedias similares en España, la sociedad demanda una depuración exhaustiva de responsabilidades y la aplicación rigurosa de la ley para prevenir futuros desastres.