El tercer día del paro nacional en Ecuador se vivió con la llegada de Daniel Noboa a Otavalo bajo fuerte resguardo militar y policial. Imbabura concentró bloqueos y cierres viales en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel decretada el 12 de septiembre. Horas antes, en la E35 Panamericana Norte hubo choques entre fuerzas del orden y manifestantes. El ministro del Interior, John Reimberg, informó de alrededor de 59 o 60 detenidos a escala nacional. La cifra creció tras protestas en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja durante la tarde y la noche del 23 de septiembre. En Otavalo se atacó un cuartel policial y la Fiscalía logró prisión preventiva para 12 procesados por presunto terrorismo. Pese a la tensión, las clases presenciales continuaron en la mayor parte del país con excepciones en 11 localidades de la Sierra centro. Desde el coliseo de la Unidad Educativa Jacinto Gollaguazo, Noboa calificó las acciones como actos de terrorismo y prometió no retroceder. El presidente advirtió que respondería a quienes intentaran expulsarlo de territorios con la misma dureza a escala nacional. La Conaie rechazó su presencia y afirmó que se desplegó un operativo desproporcionado que cercó a jóvenes, mujeres, niños y ancianos. La organización aseguró que la visita buscó imponer miedo y dividir con bonos asistenciales. Además denunció el bloqueo de sus cuentas bancarias, al que llamó persecución política sin orden judicial. En redes de la Conaie se difundió un video de funcionarios saliendo de Otavalo en helicóptero y se sugirió que Noboa usó esa vía, sin confirmación oficial. La Vicepresidenta María José Pinto anunció que seguiría despachando desde Otavalo y ratificó que trabajaría en territorio. La Unión de Comunidades Campesinas e Indígenas de Cotacachi la había declarado persona no grata, y ella dijo que respetaba ese criterio. En Quito, el Frente Popular, la UNE y la FEUE se reunieron en la sede de la Conaie para resolver nuevas acciones y evaluar una movilización nacional. El MICC denunció la suspensión de la señal de TV MICC por decisión de Arcotel en varias ciudades y la consideró un acto de censura. La Confeniae anunció desde Pastaza que la Amazonía se sumaba a la protesta con cortes en la Troncal Amazónica. La Presidencia reportó respaldo de 13 alcaldes de Azuay que cuestionaron subsidiar actividades ilegales que dañan el ambiente. Mientras tanto, el Decreto Ejecutivo 155 ajustó el estatuto de la propuesta de Asamblea Constituyente tras observaciones de la Corte Constitucional