El presidente Daniel Noboa dispuso, mediante un decreto ejecutivo, que el Centro Nacional de Inteligencia produzca reportes sobre contrataciones públicas especiales. Los informes se centraron en personas naturales y jurídicas que participen como oferentes en estos procesos. También incluyeron a contratistas, subcontratistas, accionistas y beneficiarios finales. La medida abarcó las contrataciones sujetas al régimen especial. Además, se extendió a procesos cuya información fue clasificada como confidencial, reservada, secreta o secretísima. Estos casos correspondieron a ministerios y entidades de la Función Ejecutiva. El decreto señaló que las alertas debían sustentarse en análisis técnicos. Esos análisis evaluaron posibles vínculos con estructuras criminales. También revisaron posibles nexos con redes de corrupción. El documento incluyó riesgos relacionados con financiamiento ilícito. De igual forma, contempló posibles casos de injerencia extranjera. Todo esto se enfocó en amenazas a la soberanía y a la seguridad pública. Para aplicar este control, las entidades públicas quedaron obligadas a remitir información al Centro Nacional de Inteligencia. Debieron enviar el listado completo de participantes antes de adjudicar los contratos. Ese reporte también tuvo que incluir las estructuras societarias de los oferentes. La disposición alcanzó a los procesos en curso que todavía no habían sido adjudicados a la fecha de suscripción del decreto. En materia de seguridad, el ECU 911 deberá proporcionar datos de geolocalización y georreferenciación al Centro Nacional de Inteligencia. Esa información deberá entregarse de forma permanente, oportuna y segura cuando sea requerida. El decreto indicó que esta entrega se hará bajo protocolos de protección para producción de inteligencia y prevención de amenazas. Finalmente, el documento oficializó la incorporación de la Dirección de Control Migratorio como subsistema del Sistema Nacional de Inteligencia para actividades coordinadas en esta materia.