El presidente Daniel Noboa expidió el Decreto Ejecutivo 199 el 30 de octubre de 2025. Con ese documento declaró la excepcionalidad para financiar egresos permanentes de salud, educación y justicia con ingresos no permanentes. La decisión abrió la puerta a que en 2026 se pagaran sueldos de médicos, docentes, jueces y fiscales con endeudamiento y recursos petroleros. El anuncio llegó en la víspera del cierre del plazo para remitir la nueva proforma a la Asamblea. El texto citó el artículo 286 de la Constitución que permitió, de manera excepcional, cubrir esos gastos con ingresos no permanentes. El decreto recogió una recomendación del Ministerio de Finanzas. Ese informe advirtió una brecha estructural en el Presupuesto General del Estado.

La brecha se generó porque los ingresos permanentes crecieron menos que las necesidades de gasto. Finanzas señaló que la inflexibilidad del gasto público agravó la distancia entre ingresos y egresos. También indicó que el cumplimiento del marco normativo vigente presionó las cuentas. Por ello se consideró necesaria la declaratoria de una situación excepcional dentro de la regla fiscal. El Gobierno planteó así un mecanismo para sostener pagos prioritarios durante el próximo año. El 31 de octubre vencía el plazo para la proforma 2026. Esa proforma ya no incluyó los USD 330 millones del aporte temporal de empresas para seguridad cobrado en 2025.

El retiro de ese ingreso redujo aún más el margen presupuestario. Además, las proyecciones del Ministerio de Finanzas indicaron precios del crudo a la baja para 2026. Esa expectativa restó oxígeno a la caja fiscal. El decreto se presentó como una salida rápida frente a la estrechez. La medida se adoptó con base en el marco constitucional señalado por el Ejecutivo. Así quedó habilitado un uso excepcional de deuda y petróleo para cubrir salarios en 2026.