Daniel Noboa ya puede convocar a un referendo para quitarle al CPCCS la facultad de designar autoridades y pasar esa tarea a la Asamblea Nacional. Entre esos cargos está el Fiscal General del Estado. Pero el concurso para Fiscal no se cae de inmediato solo porque el Presidente firme el decreto. Primero tiene que realizarse la votación y ganar el Sí para que el cambio empiece a aplicarse. La propuesta del Ejecutivo incluye una disposición que declara desiertos los procesos de designación que estén en curso dentro del CPCCS. En la práctica, eso pondría en riesgo el concurso de Fiscal si todavía sigue abierto cuando entre en vigor la reforma. El plan también mueve a la Asamblea la designación del Contralor, Defensor del Pueblo, Defensor Público, miembros del CNE, jueces del TCE, Judicatura, superintendencias y Procuraduría. Para el caso de la Fiscalía, la elección pasaría a un sistema de postulación ciudadana. Ese mecanismo tendría una comisión técnica con delegados de las cinco funciones del Estado, dos ciudadanos escogidos por sorteo y dos representantes de universidades. Mientras ese cambio se arma, las autoridades prorrogadas seguirían en funciones. Primicias señala que esa transición podría extender las prórrogas alrededor de 27 meses. Si ese escenario se concreta, Carlos Alarcón seguiría como fiscal general encargado. Según reportes de prensa, el Gobierno apunta a sumar esta papeleta a la jornada seccional del 29 de noviembre de 2026. El CPCCS posesionó a la comisión ciudadana del concurso para Fiscal el 22 de enero de 2026. Desde esa fecha, esa comisión tiene cuatro meses para cerrar el proceso. De manera excepcional, el plazo puede ampliarse por dos meses más. Además, el 21 de abril el propio CPCCS informó que el concurso ya entró en fase de calificación de méritos. Con esos tiempos sobre la mesa, el concurso podría llegar a la meta antes de que se vote el referendo. Aun así, si la consulta se adelanta o el proceso se retrasa y sigue abierto cuando gane el Sí, la disposición de declarar desiertos los concursos sí lo alcanzaría. Por ahora, el punto clave es este: la convocatoria no tumba el concurso de inmediato, pero una aprobación de la reforma sí puede frenarlo si aún está corriendo.