El caso Nos Faltan 3 volvió a encender las alarmas este lunes 4 de mayo de 2026. Amigos y familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio denunciaron que la Corte Constitucional volvió a presionar al Cosepe. Según el colectivo, el organismo tenía plazo para entregar de forma completa la información desclasificada. La resolución de seguimiento fue emitida el 16 de abril de 2026. En el registro de la Corte también consta la notificación del auto el 21 de abril de 2026. El reclamo gira alrededor de los documentos del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. La sentencia base fue emitida en abril de 2024. En ese fallo, la Corte ordenó desclasificar las actas 18, 19 y 20 de 2018. También dispuso la entrega de audios, transcripciones y listas de asistentes. Pero los familiares sostienen que lo entregado no estaba completo.

La Corte detectó inconsistencias entre la información enviada a los familiares y la remitida al propio tribunal. Además, concluyó que el Cosepe incumplió dos disposiciones clave. Una de ellas era remitir exactamente la misma información a la Corte y a las familias. La otra era informar si hubo exclusiones en la documentación entregada. Entre las diferencias señaladas aparecen partes de actas, láminas, cronologías y secciones sobre decisiones tomadas durante el secuestro. Por eso, la Corte dispuso una diligencia presencial con los familiares. También ordenó poner a disposición toda la documentación íntegra. Allí se incluyen las actas 18, 19 y 20 de 2018, junto con audios, transcripciones y listas de asistentes. Ocho años después del crimen, el pedido de verdad completa sigue abierto. Y el caso vuelve a dejar una pregunta dura para el Estado: por qué la información aún no aparece completa.