Gabriela Rivadeneira denunció presuntas amenazas de allanamiento contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y la prefecta de Pichincha, Paola Pabón. La dirigente de la Revolución Ciudadana señaló que estas presiones habrían aparecido después de las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la reforma al Cootad. Según su versión, tanto Muñoz como Pabón estarían bajo amenaza por impulsar acciones legales contra la normativa. Rivadeneira cuestionó el accionar del Gobierno y de la Asamblea Nacional frente a este escenario. Durante una transmisión en redes sociales realizada el 7 de marzo de 2026, la dirigente relacionó estas presiones con la ley aprobada por la mayoría oficialista de ADN. En ese espacio también criticó la forma en que se manejó el tema. Además, agradeció el respaldo de colectivos sociales que acompañaron las demandas. Paola Pabón presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma al Cootad en la sede de la Corte Constitucional, en Quito. La normativa fue ratificada por la Asamblea Nacional el 20 de febrero de 2026. Esa reforma fijó una fórmula de 70-30 para el manejo del presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Con ese cambio, prefecturas, municipios y juntas parroquiales solo podrán usar el 30 % de sus recursos en gasto corriente. El 70 % restante deberá destinarse a inversión. Autoridades como Muñoz y Pabón sostuvieron que esta medida afecta la autonomía de los gobiernos locales. También advirtieron que podría complicar la ejecución de obras sociales importantes para la comunidad. Hasta el 6 de marzo de 2026, la Corte Constitucional recibió al menos 12 demandas de inconstitucionalidad contra esta reforma. Esas acciones legales buscan frenar la aplicación de la normativa. El tema generó tensión en el ámbito político. La denuncia de Rivadeneira elevó aún más la atención sobre el caso. Mientras tanto, el debate sobre el alcance de la reforma sigue abierto. La decisión final quedará en manos de la Corte Constitucional.