Tras 24 días de movilizaciones, los cierres viales siguen golpeando a varias provincias. En Imbabura, la atención se concentra por la fuerza de las comunidades y los bloqueos. En tramos como Tabacundo–Cajas y Cayambe–Cajas, la Policía despeja con maquinaria pesada. Desde que se eliminó el subsidio al diésel, Daniel Noboa enfocó su mensaje en el crimen organizado. El Gobierno afirma que esas redes fueron grandes beneficiarias del subsidio y que empujan el descontento. Al mismo tiempo, el Ejecutivo cerró la puerta a renegociar y defendió la medida como definitiva. El 23 de septiembre, el Presidente advirtió que preferiría morir antes que retroceder.

Cuando la Conaie anunció el paro y hubo territorios con “personas no gratas”, Noboa respondió con dureza. Pidió que se pongan a trabajar y afirmó que sus comunidades reciben beneficios. En Chimbo, el 19 de septiembre, declaró no gratos a líderes y manifestantes a escala nacional y hasta habló de expulsiones. Leonidas Iza reapareció luego de semanas en silencio y lanzó críticas a “ricachones y bravucones”. También dijo que el Gobierno sabe construir relatos para dividir y justificar la eliminación del diésel. El 7 de octubre, en Latacunga, recordó que los territorios pertenecen a pueblos y nacionalidades desde hace más de 30.000 años.

El Palacio refuerza la versión de que el crimen está detrás de las protestas como reacción al fin del subsidio. Fiscalía no sostiene esas teorías y no hay pruebas que conecten detenidos con minería ilegal ni con el Tren de Aragua. El paro se volvió focalizado y, aunque Conaie lo llama “nacional”, se concentra en Imbabura con focos en Pichincha, Cañar, Bolívar y Chimborazo. Marlon Vargas advirtió que podrían volver a tomarse Quito, lo que encendió un gran operativo en la capital. Con 7.000 militares y 1.000 policías, el Gobierno blindó Quito y avanzó a despejar vías en el norte.

El ministro del Interior, John Reimberg, ofreció terminar el paro y abrir carreteras en dos o tres días, pero los cierres continúan y reaparecen en Loja, Carchi y Pichincha. Un acuerdo anunciado la noche del 15 de octubre tampoco prosperó, Conaie lo desconoció, las bases lo rechazaron, y el Gobierno mantiene la militarización mientras se acerca la consulta del 16 de noviembre, con la ministra Zaida Rovira atribuyendo el paro a grupos opositores y al crimen para influir en las urnas.