Andersson Boscán y Mónica Velásquez, reconocidos periodistas ecuatorianos y socios fundadores de un medio digital de investigación, han solicitado asilo en Canadá. A través de un video difundido por su medio, la pareja explicó que abandonaron Ecuador por temor a perder sus vidas, después de recibir numerosas amenazas y ser víctimas de seguimientos constantes por parte de grupos que, según ellos, están vinculados al crimen organizado y a las propias instituciones del Estado.

En el video, los periodistas explicaron que las amenazas comenzaron tras sus investigaciones y denuncias de casos de corrupción en el país. A lo largo de los últimos años, ambos han enfrentado una creciente persecución, que incluyó seguimientos de la Policía Nacional a sus hijas, y hasta planes para un atentado en su contra. Boscán y Velásquez señalaron que han tenido que soportar semanas en las que las amenazas llegaban de manera constante, sumándose a una situación insostenible que los obligó a tomar la decisión de abandonar su patria.

“Esta dura decisión se ha tomado por recomendación de varias organizaciones internacionales expertas en la protección de periodistas”, explicó Boscán en el comunicado. Además, mencionó que estas amenazas han sido orquestadas por sectores del crimen organizado, en complicidad con cuerpos opacos de inteligencia del Estado y la Fiscalía General. Velásquez, por su parte, agregó que en los últimos años vivieron prácticamente encerrados en su hogar, sin poder moverse con libertad debido al riesgo que corrían.

Uno de los momentos más preocupantes para la pareja fue cuando descubrieron que drones sobrevolaban cerca de las ventanas de las habitaciones de sus hijas, lo que aumentó el nivel de inseguridad y miedo. “Cada semana llegaban nuevas amenazas”, denunció Velásquez, quien también hizo un llamado a la comunidad internacional para que presten atención a la situación de los periodistas en Ecuador.

El comunicado también señaló que varios colegas y organizaciones, como Fundamedios, en lugar de defender la libertad de prensa, han contribuido a la criminalización del periodismo en el país, protegiendo a aquellos que ostentan el poder en detrimento de la seguridad de los comunicadores.