Luisa González calificó de persecución política la investigación llamada Caso Caja Chica. Aseguró que su movimiento no recibió un centavo de Venezuela ni de grupos delictivos. Recalcó que su campaña de 2023 presentó todos los reportes de financiamiento ante las autoridades electorales. Contó que la allanaron la madrugada del 28 de enero por una denuncia con reserva de nombre. Reclamó que Marcela Aguiñaga, quien lideraba la organización en ese periodo, no estuviera entre los investigados. Arremetió contra el presidente Daniel Noboa por la crisis de seguridad. Le exigió pruebas sobre supuestos nexos de RC con carteles del narcotráfico. Sostuvo que hubo fraude en los últimos comicios. Señaló que la Fiscalía habría archivado denuncias que tocan al entorno del mandatario. Dirigió críticas al fiscal general subrogante, Carlos Alarcón. Dijo que él estuvo detrás de casos como Triple A y Nene. Afirmó que fue “puesto” y “sugerido” por Mario Godoy y respaldado por una mayoría de ADN en la Asamblea. Relató que insultó a los policías que allanaron su vivienda. Explicó que circuló una foto que le prometieron sería parte de una investigación reservada. Responsabilizó al Gobierno y al Fiscal por su seguridad y la de su familia. Patricio Chávez, también allanado, respaldó las denuncias. Calificó los operativos como cobardes y lanzó un exabrupto al condenarlos. Denunció que, por orden fiscal, incautaron pasaportes de sus familias. La Fiscalía, por su parte, indagó una presunta red con fines de lavado de activos. Según lo expuesto, el eje de la pesquisa apuntó a posibles ingresos en efectivo desde Venezuela para la campaña de 2023. El choque político subió de tono mientras avanzaban las diligencias.