En Ecuador, las personas con discapacidad enfrentan un triple golpe: más pobreza, menos oportunidades y escaso acceso a servicios de salud. Según el Censo 2022, siete de cada 100 ecuatorianos de 5 años o más tienen una dificultad funcional permanente, siendo la mayoría mujeres. Caminar y ver son las limitaciones más comunes, seguidas de problemas para oír y recordar. Los datos también muestran que la discapacidad aumenta con la edad: a los 75 años afecta a 1 de cada 3 personas y a los 85 años a más de la mitad. Provincias como Bolívar y Cañar superan el 10% de población con discapacidad, mientras que Galápagos y Pichincha registran los índices más bajos. Pero la realidad más dura se vive en zonas rurales y pobres, donde la gente convive con doble vulnerabilidad: altos niveles de discapacidad y altos índices de pobreza. Ejemplos claros son Orellana, Morona Santiago y Esmeraldas, donde más del 60% de la población vive en pobreza y además hay un fuerte porcentaje de habitantes con discapacidad. En Quito, el panorama tampoco es alentador: parroquias rurales como Perucho, Atahualpa, Chavezpamba y Puéllaro presentan altos niveles de discapacidad pero carecen de centros de salud. En contraste, zonas urbanas como Chillogallo, Kennedy y La Ferroviaria concentran la mayor parte de la infraestructura médica. Esto evidencia una brecha estructural: las parroquias más pobres y con más población vulnerable no cuentan con servicios adecuados. Además, organismos internacionales como UNICEF alertan que los niños con discapacidad tienen menos acceso a atención temprana y enfrentan más riesgos de enfermedades y retrasos en su desarrollo. Todo esto confirma que la discapacidad no solo limita físicamente, también aumenta los costos de vida y profundiza la desigualdad en Ecuador.