El Gobierno de Perú aseguró que no contemplaba ingresar a la Embajada de México por el caso Betssy Chávez. El canciller Hugo De Zela lo descartó de forma categórica y remarcó el respeto al derecho internacional. Señaló que ninguna norma avalaba una irrupción en una sede diplomática. El mensaje apuntó a diferenciarse de lo ocurrido en Quito en 2024 con la captura de Jorge Glas. A la par, Lima rompió relaciones con México por el asilo concedido a la ex primera ministra. De Zela calificó la decisión mexicana como un gesto inamistoso para el Perú. Además mencionó que Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador habrían intervenido en asuntos internos. Esa lectura elevó la tensión política entre ambos países. El presidente de transición José Jerí confirmó la ruptura en su cuenta de X. Ordenó a Karla Ornelas, encargada de negocios de México en Lima, abandonar el país en un plazo perentorio. “Respeto a nuestra patria”, escribió Jerí al explicar la medida. El caso de Betssy Chávez siguió su curso judicial por el presunto delito de rebelión. La Fiscalía pidió 25 años de prisión para Chávez. Para Pedro Castillo la solicitud fiscal alcanzó 34 años. La acusación se originó en el fallido intento de golpe del 7 de diciembre de 2022. Ese día Castillo anunció la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial. La Policía y las Fuerzas Armadas rechazaron respaldarlo y fue detenido horas después. Chávez fue señalada de conocer el plan y de ayudar en el mensaje televisado, algo que ella negó. En 2023 el Tribunal Constitucional ordenó su liberación al considerar arbitraria la prisión preventiva. Pese al quiebre diplomático, Perú mantuvo la relación consular y México ratificó el asilo mientras Sheinbaum y López Obrador defendieron a Castillo.