En un comunicado del 8 de julio de 2025, la Procuraduría hizo notar que el juez Johnny Lituma retrasó sin justificación la ejecución de la sentencia que anuló la restitución de los bienes a los hermanos Isaías, exaccionistas del Filanbanco, nueve meses después del fallo de la Corte Constitucional. Indicó que recién en abril de 2025 se emitieron los oficios para revertir los actos de registro y restituir los bienes al Estado. El organismo criticó que el juez introdujera “situaciones jurídicas consolidadas” para favorecer a supuestos terceros de buena fe que adquirieron propiedades entre 2022 y 2024. La Procuraduría advirtió que modificar el sentido de una sentencia constitucional en ejecución podría constituir prevaricato y reclamó una solución inmediata. Solicitó al Pleno de la Corte tres acciones: iniciar la fase de seguimiento, dar tratamiento prioritario por su importancia nacional, y ordenar medidas para asegurar ejecución estricta sin reinterpretaciones. El proceso original se remonta a septiembre de 2022, cuando un tribunal ordenó devolver 65 inmuebles y acciones a los hermanos Isaías, decisión que fue impugnada por la Procuraduría y otras entidades. En noviembre de 2024, la Corte anuló esas resoluciones, pero no abordó lo ya devuelto. Esa decisión suspendió la devolución de bienes incautados al exbanco más grande del país, intervenido durante la crisis de los años noventa. Fuente: Primicias #LaVeci