El término "muerte cruzada" hace referencia a un mecanismo constitucional en Ecuador que permite al presidente disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones generales en un plazo de seis meses, gobernando durante ese tiempo por Decreto Ejecutivo.

Para aplicar la muerte cruzada, el presidente debe justificar su decisión a través de una de las causales establecidas en el artículo 148 de la Constitución. Estas incluyen que la Asamblea se haya arrogado funciones que no le competen, que obstruya repetidamente el Plan Nacional de Desarrollo, o que exista una grave crisis política y conmoción interna.

Este mecanismo solo puede ser aplicado una vez durante los primeros tres años del mandato presidencial. Aunque el mandatario puede buscar la reelección para el resto de su periodo, será reemplazado si es derrotado en las elecciones.

Cabe destacar que la muerte cruzada, introducida en la Constitución de 2008, nunca ha sido aplicada en Ecuador.