A partir del 29 de abril de 2023, entrarán en vigencia las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en Ecuador, publicadas en el Registro Oficial 279 el 29 de marzo. Estas reformas responden a la creciente inseguridad en el país, y endurecen las penas para varios delitos que causan alarma.

Se aumenta la sanción por extorsión a 7-10 años de prisión. Se incorpora también la figura del reclutamiento de menores con fines delictivos, sancionado con 10-13 años de cárcel. Esta pena aumentará a 16 años si el reclutamiento está relacionado con delitos como tráfico de drogas, delincuencia organizada, trata de personas, sicariato, extorsión, robo o terrorismo.

El delito de terrorismo se sancionará con penas de 13 a 16 años en varios casos, como apoderarse de medios de transporte, destruir edificaciones o infraestructuras públicas o privadas, o utilizar explosivos o artefactos mortíferos. Si el acto terrorista resulta en la muerte de una o más personas, la pena será de 22 a 26 años de prisión.

La reforma también establece que la Policía Nacional podrá contar con el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en la prevención y combate al crimen organizado, siempre y cuando se justifique su colaboración y se declare el estado de excepción.

Se amplía el plazo de detención en flagrancia de 24 a 48 horas, permitiendo a la Policía y la Fiscalía más tiempo para desarrollar acusaciones y evitar impunidad. Además, se otorga a las Fuerzas Armadas el uso legítimo de la fuerza en situaciones específicas, como ingresar a cárceles para realizar requisas de armas, municiones y explosivos, y coordinar actividades conjuntas con la Policía.

La Comisión de Soberanía trabaja en un proyecto de ley de Seguridad Privada para fortalecer a empresas y guardias de seguridad privada en la prevención del delito. En un plazo de 180 días desde la publicación de la Ley, la Fiscalía General del Estado implementará un sistema tecnológico que permita denuncias anónimas.