Con la Convocatoria a las Elecciones Generales de 2025 publicada el 12 de septiembre, las instituciones públicas en Ecuador enfrentan nuevas regulaciones para la difusión de publicidad. A partir de esta convocatoria, cualquier entidad estatal que desee difundir contenido en medios de comunicación, ya sea radio, televisión, medios digitales, vallas publicitarias, prensa escrita u otros impresos, deberá solicitar una autorización previa al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este trámite puede realizarse en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales, en la Dirección Nacional de Promoción Electoral o en la Secretaría General del CNE. El formato para la solicitud de autorización está disponible en la página web oficial del CNE, lo que facilita el proceso para las instituciones públicas interesadas.

La normativa electoral tiene como objetivo garantizar la transparencia y equidad durante el periodo electoral. Con esta medida, el CNE busca evitar el uso indebido de recursos estatales en la promoción de propaganda electoral disfrazada de publicidad institucional. Las instituciones públicas pueden continuar informando a la ciudadanía sobre sus acciones y servicios, siempre que sigan el protocolo establecido.

Sin embargo, la ley electoral contempla algunas excepciones. En casos de grave conmoción interna, catástrofes naturales u otras situaciones excepcionales, las entidades del Estado podrán difundir información sin requerir la autorización previa del CNE, dado que estas situaciones exigen una respuesta rápida y efectiva a la ciudadanía.

El control de la publicidad institucional en épocas electorales no es nuevo, pero con la proximidad de las elecciones presidenciales y legislativas de 2025, el CNE ha reforzado la supervisión de la difusión de contenido por parte de instituciones estatales. Esta medida responde al compromiso de las autoridades electorales de asegurar un ambiente justo y equitativo para todos los actores políticos.

El CNE ha hecho un llamado a todas las instituciones públicas para que cumplan con estas disposiciones, ya que cualquier infracción podría acarrear sanciones. Las instituciones que no soliciten la autorización correspondiente se exponen a multas y posibles restricciones de futuras campañas publicitarias.

De cara a las elecciones de 2025, el papel del CNE será clave para garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera justa y transparente, y esta medida forma parte de un esfuerzo mayor por mantener la integridad del proceso electoral.