En un día marcado por la tensión y la expectativa, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ha sido el escenario del juicio contra los expolicías Erick S., Mario C., Aurelio Ch. y Marcos V., acusados de la desaparición forzada de tres personas en lo que se conoce como el caso González. Este caso, que anteriormente se asociaba a una famosa cadena de farmacias, ha resurgido tras años en las sombras de la justicia ecuatoriana.

La audiencia, que debía comenzar a las 09:30, fue retrasada hasta las 10:36, momento en el que el juez Juan Felipe Córdova tomó la palabra, rechazando de inicio cualquier alegato de prescripción por parte de los acusados. La fiscal general, Diana Salazar Méndez, marcó presencia, demostrando el alto perfil y la seriedad del caso.

El origen de este juicio se remonta al 19 de noviembre de 2003, en un local de la citada cadena de farmacias en el norte de Guayaquil. Aquel día se reportó un enfrentamiento armado entre supuestos delincuentes y la policía. El saldo fue trágico: ocho muertos, incluyendo dos civiles y seis supuestos criminales. Sin embargo, tres personas desaparecieron, lo que desencadenó una serie de investigaciones que hoy culminan en este juicio.

Con el paso de los años, la Policía Nacional reconoció errores en el procedimiento del operativo, lo que llevó a la reapertura del caso en 2010 y una reconstrucción en 2014 que evidenció múltiples violaciones a los derechos humanos. Este caso no solo revuelve un doloroso capítulo del pasado de la ciudad, sino que también pone a prueba la capacidad de las instituciones de justicia del Ecuador para manejar casos de gran calibre y resonancia social.