El Consejo de la Judicatura (CJ) derogó la Resolución 063-2025, aquella que se aplicó desde septiembre y exigía autorización notarial obligatoria para que niñas, niños y adolescentes salieran del país. Con la decisión se eliminó el requisito extra que pesaba sobre los viajes de menores. La norma había nacido para frenar migraciones riesgosas, secuestros parentales y delitos de trata. El CJ explicó que la levantó al detectar trabas operativas y migratorias por todo lado. En aeropuertos y pasos fronterizos se reportaron trámites largos, demoras y costos que golpearon a las familias. Padres, madres y tutores chocaron con entrevistas repetidas y ventanillas llenas. El Consejo sostuvo que apuntó a proteger a la niñez sin afectar su derecho a la libre movilidad.

Ese derecho estaba previsto en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos. Según fuentes del CJ, los procedimientos vigentes antes ya garantizaban seguridad para los menores. Por eso consideraron innecesarias nuevas cargas administrativas. ¿Qué cambió con la nueva disposición? Con la derogatoria quedó fuera el trámite notarial especial con entrevistas, toma de huellas y fotografías. También se dejó de emitir el acta con código QR de seguridad. Tras la decisión bastó una autorización notariada simple para que el menor viajara. Ese documento incluyó la autorización expresa para la salida.

Se adjuntó el itinerario o el pasaje aéreo. Cuando el menor viajaba con acompañante, se consignaron los datos de esa persona. El CJ aclaró que los trámites ya hechos bajo la resolución anterior conservaron plena validez. Por lo tanto, nadie tuvo que repetir gestiones realizadas previamente. Así, el sistema migratorio quedó más ágil para familias con niñas, niños y adolescentes.