A dos años de gobierno, seguridad y salud siguen como heridas abiertas para Daniel Noboa. La “guerra total” contra el crimen exhibe un balance mixto. Hay operativos a diario, pero la violencia aprieta. Los hospitales continúan colapsados y falta una estrategia integral que ordene el sistema. El presidente ha firmado más de 10 estados de excepción, varios con toque de queda. El país pasó de cuatro a 22 organizaciones catalogadas como terroristas. No se conoce cuántos integrantes tienen esas estructuras, y hasta noviembre 2.530 menores fueron retenidos por delitos graves como asesinato. Las cifras de muertes violentas subieron con fuerza. Entre enero y el 20 de noviembre de 2024 se registraron 6.121 casos, y en el mismo periodo de 2025 llegaron a 8.122. La tasa tocó 44 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2025 la Policía detuvo a 64.654 personas e incautó 248.000 municiones y 9.500 armas de fuego. Hubo 31 objetivos de alto valor y 294 de valor intermedio capturados. En drogas, 2025 va a la baja frente a 2024: 265 toneladas contra 195 hasta noviembre. Las cárceles continúan como epicentro del derrumbe institucional. Entre enero y septiembre murieron 760 presos, 105 por asesinatos y el resto por enfermedades como tuberculosis y desnutrición. El Gobierno destinó USD 3.765 millones a Defensa, Interior, SNAI e Inteligencia y proyecta USD 4.054 millones para 2026. Aun así, el IVA del 15 % no muestra resultados concluyentes, advierte el investigador Renato Rivera. El experto recuerda que 9 de cada 10 homicidios en Ecuador se cometen con armas de fuego y plantea cortar el acceso de jóvenes a esos arsenales. En salud persisten esperas para turnos, falta de medicinas pagadas por los pacientes y cirugías frenadas por insumos. Noboa recibió un sistema enfermo, ordenó reactivar equipos en 90 días de forma parcial, aseguró USD 3.000 millones para deudas y pagos a Solca (50 millones), médicos del MSP (7,8 millones) y dializadoras (62 millones), pero estas señalan USD 150 millones pendientes; con la emergencia hubo protestas, un comité con María José Pinto y Édgar Lama, compras masivas bajo cuestionamientos, la salida de Jimmy Martin y el encargo del sector a la vicepresidenta con promesa de gestión rápida y sin corrupción.