Claudia Sheinbaum salió al frente para rechazar un informe de la ONU sobre desapariciones forzadas en México. La presidenta aseguró que las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada no reflejan la realidad del país. El documento señala una práctica sistemática de desapariciones con presunta participación o apoyo directo e indirecto del Estado mexicano. Sheinbaum respondió este lunes 6 de abril de 2026 durante su conferencia de prensa en el Palacio Nacional. Allí sostuvo que el reporte no tiene relación con el trabajo que su administración realiza junto a los colectivos de familiares. También defendió la solidaridad que, según dijo, mantienen con madres y padres de personas desaparecidas. La mandataria puso en duda la metodología usada por el comité internacional. Afirmó que la definición de desaparición forzada utilizada en el informe no coincide con los estándares establecidos por la propia ONU. Desde su postura, este delito en México está ligado sobre todo a la delincuencia organizada. Con eso, contradijo al comité, que denunció colusión entre agentes municipales, estatales y federales con grupos criminales. Sheinbaum también remarcó que su Gobierno ha impulsado acciones para enfrentar este problema. Entre ellas mencionó sistemas de alerta que se trabajan en conjunto con familiares de las víctimas. Además, se anunció que el Comité contra la Desaparición Forzada de México enviará su propio reporte al Alto Comisionado de Naciones Unidas. A eso se sumará información técnica preparada por las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación. Con esos documentos, el Gobierno busca defender su versión ante el organismo internacional. La reacción de Sheinbaum marca una distancia clara frente a los señalamientos de los organismos de derechos humanos. El tema vuelve a poner presión sobre la crisis de desapariciones que golpea a México desde hace años. La discusión también deja en evidencia el choque entre la mirada oficial y la de instancias internacionales. Mientras tanto, las desapariciones siguen siendo uno de los problemas más graves para la seguridad y la justicia mexicana. El pronunciamiento de la presidenta vuelve a encender el debate dentro y fuera del país.