El Ministerio de Educación ha emitido un acuerdo que regula el incremento de pensiones y matrículas en colegios particulares y fiscomisionales. La norma aplica para el año lectivo de la Sierra y Amazonía. El documento se identifica como Acuerdo Ministerial N.° 00030. El eje central es permitir ajustes bajo dos criterios: inversión y sostenibilidad del empleo. En el primer escenario, el alza se justifica por mejoras directas a la calidad educativa. Ese dinero puede ir a equipos tecnológicos, compra de terrenos, obra de infraestructura o capacitación docente. Para ese caso, el porcentaje máximo queda atado al parámetro del Banco Central para educación. El segundo escenario se enfoca en proteger los puestos de docentes y personal administrativo. Allí el tope de aumento se calcula con la variación del incremento del salario básico unificado. Según el acuerdo, los colegios pueden pedir estos ajustes cada año. La cartera educativa señala que busca ordenar costos y cuidar la economía del magisterio. También remarca que la medida persigue mejorar el servicio que reciben los estudiantes. El texto incorpora reglas sobre la compra de útiles, uniformes y textos escolares. Desde el año lectivo 2026-2027, el costo total de esos artículos tendrá un tope igual al décimo cuarto sueldo. La disposición pretende aliviar el gasto de las familias en el regreso a clases. Los padres conservan libertad plena para adquirir esos productos en el comercio que prefieran. Queda prohibido direccionar a estudiantes hacia proveedores específicos. Tampoco se permitirá exigir compras dentro de la misma institución. En la Sierra, el décimo cuarto sueldo se paga hasta el 15 de agosto. Con estas reglas, el Ministerio apunta a transparencia, libre competencia y acceso a la educación.