El asesinato de la subteniente Aidita Pamela Ati Gavilanes, ocurrido dentro del Fuerte Militar Napo en la provincia de Orellana, ha conmocionado a Ecuador. A pesar de que ha pasado un mes desde el trágico femicidio y existen cuatro procesados como presuntos responsables, los implicados siguen siendo parte activa del Ejército Ecuatoriano. Este hecho ha generado indignación y preocupación entre la ciudadanía y los familiares de la víctima.

Los acusados, identificados como los mayores Xavier Pinoargote y Freddy Quintanilla, el teniente Johan Mena y el subteniente Ángel Jiménez, enfrentan cargos graves. Aunque la jueza encargada del caso retiró las medidas alternativas y les dictó prisión preventiva, aún no han sido separados de la institución militar. Esta situación fue confirmada por la abogada de los familiares de Ati, la Dra. Paola Montoya, en una entrevista con Metro Ecuador.

La Dra. Montoya expresó su descontento con la medida de prisión preventiva y enfatizó que los implicados, al ser parte del Ejército, representan un riesgo significativo. “Nosotros al no estar satisfechos con la prisión preventiva, vuelvo a manifestar, son personas que propenden la seguridad de Estado pero están adentro de la investigación, deben estar separados...”, declaró la abogada. Además, añadió que, aunque se han iniciado sumarios administrativos en contra de los acusados, estos no se relacionan directamente con la muerte de la subteniente Ati, sino con otros actos cometidos en el Fuerte Napo.

A pesar de las graves acusaciones, los procesados continuaron con sus actividades normales antes de que se les dictara prisión preventiva. La Dra. Montoya señaló que existía una falsa garantía de que, por estar en el Fuerte Napo, no podrían escapar. Sin embargo, subrayó la dificultad de garantizar que no huyan, dado su acceso a recursos y su proximidad a la frontera.

En paralelo, la Dra. Montoya informó sobre la posibilidad de que más oficiales estén involucrados en el crimen. Basándose en nueva información obtenida de los expedientes y declaraciones, se ha solicitado la vinculación de dos oficiales más: el subteniente Luis Fierro y la capitán María Vaca. La abogada de la familia Ati insistió en que estos nuevos datos son cruciales para esclarecer la muerte de la subteniente y que el tiempo para la instrucción fiscal se está agotando.

El caso de Aidita Ati sigue generando controversia y el llamado a una mayor transparencia y justicia por parte de las autoridades se hace cada vez más fuerte. La sociedad ecuatoriana y los familiares de la subteniente Ati demandan una resolución que garantice la seguridad y justicia en este doloroso proceso.