El debate sobre la mendicidad se intensifica en Suecia. El gobierno actual, con respaldo de los Demócratas de Suecia, está evaluando la posibilidad de implementar una prohibición nacional que impediría a las personas en situación de calle pedir limosna en espacios públicos. Esta medida, que ha generado controversia entre diversos sectores políticos y sociales, será sometida a un estudio de nueve meses antes de presentarse al parlamento.

En palabras de Linda Lindberg, vocera de los Demócratas de Suecia, esta ley es “buena y absolutamente necesaria” para enfrentar lo que describe como una “situación inédita” en el país nórdico. Según Lindberg, la mendicidad era poco común en Suecia hasta principios de 2010, cuando ciudadanos de otros países de la Unión Europea llegaron al país para buscar ayuda en las calles. Ahora, la situación de indigencia se ha asociado con delitos sistemáticos, una relación que la extrema derecha sueca señala como un problema de seguridad pública.

Los Demócratas de Suecia, que representan a la extrema derecha, han defendido firmemente la prohibición de la mendicidad, argumentando que esta actividad va más allá de una simple solicitud de ayuda y podría, según ellos, estar vinculada a redes de delincuencia. “No es razonable que la gente viaje por media Europa para mendigar fuera de nuestras tiendas”, afirmó Lindberg. Sin embargo, no todos los sectores políticos coinciden con esta postura. Los Liberales, por ejemplo, han manifestado su desacuerdo con la medida, destacando el aspecto humano de la situación. La diputada liberal Anna Starbrink expresó su rechazo en redes sociales, argumentando que “no se puede prohibir a las personas necesitadas que pidan ayuda”.

El debate recuerda el caso de Dinamarca, país que desde 2017 ha implementado una de las legislaciones más estrictas en Europa para controlar la mendicidad, especialmente dirigida a extranjeros. A pesar de la ley, la mendicidad persiste en las principales ciudades danesas, como Copenhague, lo que plantea dudas sobre la efectividad de la prohibición en Suecia.

En los próximos meses, un comité de expertos analizará el alcance de esta propuesta en relación con la constitución y los Derechos Humanos, para determinar si su implementación es viable en Suecia, un país conocido por su enfoque en la inclusión y la protección social.