El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó la apelación presentada por la vicepresidenta Verónica Abad tras la denuncia por presunta violencia política interpuesta por la canciller Gabriela Sommerfeld. Con tres votos a favor, el pleno del TCE ratificó la sentencia que implica una multa de 14.100 dólares y la suspensión de los derechos políticos de Abad por dos años. La audiencia se realizó de forma virtual el 24 de marzo, con la participación de la presidenta del TCE, Ivonne Coloma, y los jueces Joaquín Viteri, Fernando Muñoz y Ángel Torres, mientras que Richard González se conectó telemáticamente.

Verónica Abad se pronunció horas antes en su cuenta de X, asegurando que la suspensión de sus derechos políticos “no equivale a destituir” y que el TCE no tiene competencia para removerla de su cargo. Además, afirmó que su puesto de vicepresidenta fue otorgado por el voto popular en 2023 y que su función principal es reemplazar al presidente en caso de ausencia.

La audiencia había sido postergada previamente debido a la solicitud de los jueces para analizar mejor el proyecto de sentencia. Además, el 21 de marzo, una falsa alarma de bomba interrumpió las actividades en las instalaciones del TCE.

Verónica Abad ha dejado claro que, aunque le retiren sus derechos políticos, eso no afecta su posición actual como vicepresidenta. El TCE, sin embargo, reafirmó su fallo inicial, dejando en firme la multa y la suspensión de derechos políticos por dos años. ¿Qué pasará ahora con la vicepresidenta Abad y su lucha por mantenerse en el cargo?