La Corte Nacional de Justicia instalará el 5 de noviembre de 2025 a las 08:30 la audiencia de juicio oral por el caso Alfaro Vive Carajo. Se trata de un proceso por delitos de lesa humanidad contra seis exjefes y oficiales militares del periodo de León Febres Cordero. Los hechos investigados son detención ilegal, tortura, violencia sexual y desaparición forzada cometidos en 1985. Las víctimas del expediente son Luis Vaca Jácome, Susana Cajas Lara y Francisco Javier Jarrín Sánchez. La diligencia será en la sala del octavo piso de la CNJ, con peritos y cajas de documentos oficiales. Entre esas pruebas constan oficios de 1985 y 1986 de los ministerios de Defensa y de Gobierno. También llegan informes de la misión ecuatoriana en Ginebra sobre desapariciones forzadas. El juzgamiento es presencial, con opción a intervenciones telemáticas según el Código Orgánico Procesal Penal. Los procesados son Juan Raúl Viteri Vivanco, Manuel Marcelo Delgado Alvear, Nelson Bolívar Enríquez Gómez, Fernando Ignacio Ron Villamarín, Mario Ricardo Apolo Williams y Luis Eduardo Piñeiros Rivera. Inicialmente hubo ocho acusados, pero dos permanecen prófugos. La Fiscalía prevé sustentar su teoría con el informe de la Comisión de la Verdad de 2010. Ese reporte documentó 831 violaciones de derechos humanos entre 1984 y 2008. El contexto fue la insurgencia de Alfaro Vive Carajo y la aplicación de una doctrina de seguridad que amplió la represión. La Comisión atribuyó patrones de tortura y desaparición a estructuras como el SIC-10 y el BIM de Conocoto. El 10 de noviembre de 1985 los tres militantes fueron detenidos en un restaurante del parque central de Esmeraldas. Fueron aprehendidos por efectivos del Batallón Montúfar sin orden judicial mientras estaban en la ciudad. Tras el interrogatorio inicial fueron trasladados de madrugada al Batallón de Inteligencia Militar en Quito. Relatos y testimonios describieron encierro en celdas, capuchas, agua helada, choques eléctricos, golpes y privación del sueño y comida. Cajas y Jarrín salieron del cautiverio tras unos 15 días, pero Vaca permaneció incomunicado por más de dos años y fue liberado en 1988. El COIP fija penas de 26 a 30 años para ataques generalizados o sistemáticos contra civiles, y este expediente busca cumplir compromisos internacionales contra la impunidad.