El presidente Donald Trump comenzó su segundo mandato firmando siete decretos centrados en soportar las políticas migratorias de Estados Unidos. Estas incluyen declarar emergencia nacional en la frontera sur, cerrar la aplicación CBP One y poner en marcha un proceso para eliminar la ciudadanía por nacimiento, lo que desatará intensas batallas legales.

Uno de los primeros decretos fue la declaración de emergencia en la frontera con México, movilizando recursos del Pentágono y el ejército para reforzar la seguridad y finalizar el muro fronterizo. Trump aseguró que “toda entrada ilegal será detenida de inmediata”, subrayando su postura de tolerancia cero.

Además, ordenó el cierre de CBP One, una aplicación que desde 2023 permitió a más de 936.500 personas programar citas para solicitar asilo en puertos de entrada. Sin esta herramienta y con restricciones vigentes, la frontera quedó prácticamente cerrada para solicitantes de asilo.

Otra de las medidas más polémicas es el inicio del proceso para terminar con la ciudadanía por nacimiento, que podría requerir una enmienda constitucional. Según expertos, esta medida enfrentará largas disputas legales, pero el equipo de Trump asegura estar preparado para los desafíos judiciales.

Trump también restableció la política de "Permanecer en México", que obliga a los migrantes a permanecer en México mientras tramitan sus solicitudes de asilo. Esta medida depende de la aprobación del gobierno mexicano.

En otro decreto, el presidente designó carteles como el Tren de Aragua y MS13 como organizaciones terroristas, lo que permitiría tratarlos como enemigos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Esto incluiría su expulsión inmediata y posibles sanciones militares.

Además, suspendió el reasentamiento de refugiados por al menos cuatro meses y ordenó al fiscal general buscar la pena de muerte en casos de asesinato de agentes de la ley cometidos por inmigrantes indocumentados.

Grupos de derechos civiles reaccionaron con rapidez, presentando demandas en contra de las medidas, en particular la que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento. Según los abogados, esta decisión viola tanto la Constitución como las leyes federales.

Las organizaciones de derechos de los migrantes advierten que el cierre de CBP One podría provocar un aumento en los cruces ilegales, ya que millas de migrantes que tenían citas canceladas buscarían entrar por vías no autorizadas.

Estas marcan el regreso de Trump a la Casa Blanca con un enfoque más radical en inmigración, reforzando promesas que no pudo concretar durante su primera medida obligatoria.