El expresidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, fue condenado el jueves pasado, marcando un nuevo capítulo en su compleja travesía legal dentro del sistema judicial de Nueva York. El juez Juan M. Merchán fijó la sentencia para el 11 de julio, momento en el cual Trump podría enfrentar hasta cuatro años de prisión o libertad condicional. No obstante, esta condena no impedirá que Trump continúe con sus aspiraciones presidenciales para el 2024.

Legalmente, no existe ninguna prohibición que impida a Trump postularse para presidente, incluso como delincuente condenado. La Constitución de los Estados Unidos no contiene disposiciones que prohíban a un condenado ocupar la presidencia, lo que, en teoría, permitiría a Trump ejercer el cargo desde la prisión. Sin embargo, esta situación sería inédita y probablemente desencadenaría una crisis constitucional que los tribunales tendrían que resolver.

La situación se complica aún más con respecto a su derecho al voto. Trump, registrado como votante en Florida, debe cumplir con toda su sentencia, incluida la libertad condicional, para recuperar su derecho a votar. Dado que las elecciones están a solo unos meses de distancia, parece improbable que pueda cumplir con estas condiciones a tiempo, lo que añade otra capa de incertidumbre a su campaña.

Trump ha declarado su intención de apelar la condena, buscando revertir el veredicto antes de que las limitaciones afecten significativamente sus actividades de campaña. Mientras tanto, sus seguidores y opositores observan de cerca cómo este drama legal impacta en el panorama político estadounidense.

La odisea legal de Trump sigue siendo un tema candente en los medios y entre el electorado, con opiniones divididas sobre su viabilidad como candidato presidencial. Lo que es indudable es que la campaña de Trump en 2024 será una de las más atípicas en la historia de Estados Unidos, con el expresidente enfrentando desafíos legales sin precedentes mientras busca recuperar la Casa Blanca.