El alcalde de Riobamba, John Vinueza, habló fuerte y claro sobre el llamado Caso Altares, donde se investigan supuestos cobros de hasta 10 mil dólares por cupos de taxi rural. En rueda de prensa, Vinueza insistió en que su administración no ha entregado ningún cupo y que la ordenanza sobre ese tema quedó archivada. Dijo que el proceso nunca se aprobó y que la ANT pidió requisitos que no se cumplieron. Por eso, puso una moratoria hasta el 2029. El caso lo investiga la Fiscalía por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho. Aunque el alcalde aceptó ser investigado, aclaró que hasta ahora no hay pruebas ni denuncias formales en su contra. También criticó la rapidez con la que fue llamado a audiencia, justo durante las fiestas de independencia de Riobamba. Asegura que no tiene nada que esconder, pero evitó dar detalles sobre la acusación. Declaró que solo lo han mencionado "en tercera persona" y que no hay trato directo suyo en el caso. Las medidas cautelares ya están vigentes: no puede salir del país y debe presentarse periódicamente. Vinueza pide no sacar conclusiones sin pruebas. Recalcó que su compromiso es con la transparencia y la legalidad. Aun así, no ha explicado si tomará acciones legales contra quienes lo acusan. Riobamba observa atenta y preocupada. ¿Será una cortina de humo o una bomba a punto de estallar? Por ahora, la ciudad espera respuestas y que se aclare todo.