El martes 26 de agosto del 2025, Yaku Pérez llegó a la Fiscalía en Quito para presentar una denuncia penal contra el presidente Daniel Noboa, su esposa Lavinia Valbonesi y la minera canadiense Dundee Precious Metals, acusándolos de tráfico de influencias, cohecho y recibir donaciones indebidas. Según el dirigente indígena, la empresa habría conseguido la licencia ambiental del proyecto Loma Larga en Azuay a través de un fraude tras supuestas donaciones a la fundación de Valbonesi. Pérez afirmó que, antes de ese permiso, Noboa sostuvo reuniones en Toronto con representantes de la minera. En su denuncia, sostuvo que tanto el mandatario, su esposa como la empresa incurrieron en delitos graves que deben investigarse. Pérez, en representación de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, pidió a la Fiscalía información al SRI, la Superintendencia de Compañías y otras entidades sobre la fundación de la Primera Dama. El proyecto Loma Larga, ubicado a 30 kilómetros de Cuenca, prevé una inversión de hasta 500 millones de dólares y la creación de 500 empleos, con la meta de explotar oro, plata y cobre. Sin embargo, el dirigente aseguró que amenaza las lagunas de Quimsacocha, que abastecen de agua a Cuenca y comunidades. La minera respondió que solo habrá un impacto del 0,1 % en un río durante la construcción. Pérez insistió que el agua de casi el 40 % de la población cuencana está en riesgo. Dijo haber entregado abundante documentación como prueba y anunció una gran marcha en defensa del agua el 16 de septiembre en Cuenca. Además, lanzó una advertencia: si no se revoca la licencia, el 23 de septiembre empezará un levantamiento en el sur del país. La tensión política sube de tono con este nuevo capítulo que golpea directamente al Gobierno.