En el caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, el gobierno parece actuar con una fuerza que, según el análisis, apunta más a una persecución que a un proceso regular. El texto sostiene que Fiscalía, Consejo de la Judicatura y autoridades del SNAI se han lanzado contra él con dureza. También advierte que esa forma de actuar podría terminar anulando el proceso. La razón sería la presunta afectación a garantías constitucionales básicas y al derecho a la defensa. El análisis remarca que eso podría convertir a Álvarez en una figura fuerte de resistencia política. El abogado Julio César Cueva afirmó que todo lo que están haciendo con Aquiles Álvarez está prohibido. Según esa lectura, desde que la Fiscalía abrió el caso Goleada ya se empezaron a acumular supuestas ilegalidades. Uno de los puntos más cuestionados fue su traslado a la cárcel del Encuentro. Ese cambio se habría hecho sin conocimiento previo de su abogado. Por eso se sostiene que se le negó la posibilidad de recurrir y apelar ante un juzgado de garantías. El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que la medida respondió a motivos de seguridad. Sin embargo, el informe que justificaría ese riesgo fue declarado reservado. El análisis cuestiona que ni el propio Álvarez pudo conocer ese documento. También se criticó que, pese a estar en prisión preventiva, fuera llevado a una cárcel de máxima seguridad. El texto recordó que el COIP establece que una persona en su situación debería tener otra clase de tratamiento. Además, se denunció que fue rapado, que le retiraron sus libros y que quedó incomunicado. Su abogado, Ramiro García, aseguró que tuvo dificultades para ingresar a verlo. El artículo además sostuvo que el lugar impide una comunicación reservada entre abogado y defendido. Según esa versión, las conversaciones se realizan frente a policías y cámaras, lo que afecta la confidencialidad. Para el análisis, el caso de Aquiles Álvarez mostró un trato estatal que pudo ir más allá de lo permitido por la ley.