La Asamblea Nacional debatirá este miércoles 26 de noviembre de 2025 la reforma “Fortalecimiento del Trabajo en el Sector Público y Privado”. El proyecto retomará una treintena de artículos que integraron la Ley de Integridad Pública declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, y según el oficialismo la decisión recayó en el procedimiento y no en el contenido. El texto pondrá énfasis en evaluaciones periódicas para servidores públicos con aplicación en todo el país. La norma fijará un plazo máximo de 90 días para que el Ministerio del Trabajo ponga en marcha el nuevo esquema de evaluación. En su primera aplicación, los resultados servirán como línea base y no generarán sanciones. El documento abordará cambios sobre estabilidad, supresión de puestos y mecanismos de desvinculación en el sector estatal. También tocará ajustes a la libertad sindical y al Código de Trabajo respecto a creación y funcionamiento de gremios. La reforma integrará un capítulo de aplicación operativa para que las evaluaciones se ejecuten como requisito continuo del desempeño. Los servidores deberán someterse a pruebas de confianza y procesos periódicos dirigidos por la entidad rectora. El texto adelantará que esas evaluaciones evitarán preguntas con posibles efectos incriminatorios. Se incluirán parámetros específicos para medir productividad en teletrabajo y revisar la modalidad si no se cumplen metas. Un apartado mantendrá la salida voluntaria a partir de los 60 años con requisitos del sistema de seguridad social y compensaciones legales. Según el proyecto, las instituciones ajustarán indicadores y estándares internos a partir de los resultados iniciales. El presidente del Legislativo, Niels Olsen, convocará a la sesión para el segundo debate del paquete reformatorio. La convocatoria buscará tramitar las modificaciones tanto para el sector público como para el privado. La propuesta presentada ante el Pleno conservará parámetros descritos en la normativa anterior con cambios no sustantivos. Lucía Jaramillo presentará el texto como una unificación de cuatro proyectos de ley. El ministro de Trabajo, Harold Burbano, asistió al Legislativo el martes 25 de noviembre de 2025 y respaldó el proceso de elaboración. El funcionario señaló que el Ejecutivo podría introducir ajustes durante un eventual veto presidencial. La votación del Pleno definirá el alcance de un paquete que activará evaluaciones y moverá piezas en empleo público y privado.