Una revisión independiente en Inglaterra y Gales pidió multiplicar las audiencias remotas para evitar el colapso de los tribunales. El informe fue encargado por el Gobierno del Reino Unido y se publicó el miércoles 4 de febrero de 2026. La propuesta central crea un asesor de justicia penal del primer ministro para coordinar tribunales, prisiones, fiscales y policía. La segunda parte del análisis de Sir Brian Leveson se concentra en eficiencias que no requieren nueva ley. La primera parte había planteado recortar de forma drástica los juicios con jurado. El documento reúne más de 130 recomendaciones para acelerar la atención a las víctimas. “El sistema está al borde del colapso”, advirtió Leveson al describir la presión sobre los tribunales. Dijo que víctimas, testigos y acusados esperan meses o años para llegar a juicio. Planteó que las primeras audiencias en cortes de magistrados y las preliminares en la corona sean remotas por regla. También sugirió que los juicios sigan presenciales. Propuso que la asistencia de testigos profesionales, como policías, sea a distancia como norma. Indicó que los acusados en prisión preventiva podrían asistir por video a sentencias salvo cuando haya declaraciones de impacto de víctimas. En una rueda de prensa defendió limitar los juicios con jurado y preguntó “si no es esto, entonces qué”. Respaldó que los jueces se sienten con dos legos en nuevos “tribunales rápidos”. Evitó criticar al gobierno por su idea de que los jueces se sienten solos. Afirmó que las soluciones deben aplicarse con rapidez porque no hay mucho tiempo. Richard Atkinson, ex presidente de la Law Society of England and Wales, valoró varias propuestas y pidió inversión sostenida para recuperar el sistema. Él rechazó medidas que, a su juicio, arriesgan la imparcialidad como asesoría legal por video en comisarías y audiencias remotas tras un arresto. Riel Karmy-Jones KC y Andrew Thomas KC, del Criminal Bar Association, aplaudieron el diagnóstico sobre falta de financiación y fallas de gestión. Señalaron que no hay atajos y que el gobierno, incluido el Tesoro, debe asumir que un sistema penal eficaz sostiene la economía y la cohesión social.