El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele propuso este jueves una reforma para castigar con cadena perpetua a los menores que cometieran asesinatos o violación en El Salvador. La medida incluyó a adolescentes involucrados en esos delitos, estuvieran o no vinculados a pandillas. La propuesta fue presentada para su aprobación ante el Congreso, que estuvo dominado por el oficialismo. Este nuevo paso amplió la reforma constitucional aprobada el martes por la Asamblea Legislativa a pedido de Bukele. Esa reforma ya había impuesto cárcel de por vida a homicidas, violadores y terroristas. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo ante una comisión legislativa que buscaban llevar ese castigo también a menores de edad. Villatoro sostuvo que un menor que entrara voluntariamente a una organización criminal o que violara o matara debía recibir un trato diferente. También afirmó que la ley penal juvenil había servido como recurso humano barato, impune y reciclable para las estructuras criminales. Ante la misma comisión, el ministro de Defensa, Francis Merino, aseguró que muchos homicidios de pandillas fueron producto de leyes permisivas que debían cambiarse. Hasta ahora, la condena máxima en el país era de 60 años. Además, la cadena perpetua estaba expresamente prohibida en la Constitución salvadoreña. La enmienda todavía debía ser ratificada por el Congreso. La norma que incluyó a menores también sería sometida a aprobación legislativa en los próximos días. Un año antes, la Asamblea ya había reformado otra ley para enviar a menores detenidos por vínculos con pandillas a cárceles de adultos, separados hasta cumplir los 18 años. En julio de 2024, Human Rights Watch documentó la detención de más de 3.000 niños y adolescentes bajo el régimen de excepción. Esa organización consideró que esa práctica violó normas internacionales. Bukele mantuvo una alta popularidad por reducir los homicidios a mínimos históricos y desarticular a la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Aun así, grupos de derechos humanos criticaron su política de seguridad por basarse en un régimen de excepción que dejó 91.500 detenidos sin orden judicial en cuatro años. La diputada oficialista Suecy Callejas afirmó que con los pandilleros no había posibilidad de reinserción ni rehabilitación. El endurecimiento de esta ofensiva ocurrió una semana después de que juristas internacionales señalaran al gobierno de cometer crímenes de lesa humanidad, acusaciones que Bukele rechazó mientras atacó a las oenegés que cuestionaron su estrategia.