El caso Apagón dio un nuevo salto judicial con la petición de la Fiscalía para formular cargos por presunto peculado contra 21 personas. La solicitud fue enviada a la Corte Nacional de Justicia el 29 de abril de 2026. En la lista aparece Antonio Goncalves, exministro de Energía y Minas durante la firma de los contratos investigados con Progen. Si la audiencia se instala, Goncalves sería el primer exministro del gobierno de Daniel Noboa en enfrentar un procesamiento penal por este caso. La investigación se centra en los acuerdos de emergencia firmados entre Celec y la empresa estadounidense Progen durante la crisis energética de 2024. Esos contratos buscaban incorporar 150 megavatios, repartidos entre Quevedo y Salitral. Pero las pesquisas apuntan a decisiones y documentos que hoy están bajo la lupa de la justicia. La Contraloría determinó un perjuicio de USD 100 millones para el Estado. Junto con Goncalves también sería procesado Fabián Calero, exgerente subrogante de Celec y exviceministro de Electricidad. Roberto Luque, que estuvo encargado del Ministerio de Energía en ese periodo, finalmente no consta en la lista presentada por la Fiscalía.

Entre los investigados también están Byron Orozco, Gonzalo Guerrón y Carlos Villacís, ligados a Termopichincha y al área técnica de las contrataciones. La Fiscalía además incluyó a Marvin Rubio y a otros integrantes de la comisión que recomendó adjudicar los contratos. En el lado privado aparece Williamson Andrew Scott, representante legal de Progen Industries LLC. También figura Karla Saud Calero, accionista de Astrobryxsa y familiar directa de Fabián Calero. Según la investigación citada por Primicias, ella habría intervenido desde el arranque del proceso y participado en reuniones técnicas. Incluso se la menciona por la supuesta entrega de documentación forjada y certificados con firmas digitales falsas para acreditar experiencia internacional de la contratista. El caso se mueve ahora hacia una audiencia clave en la Corte Nacional. Allí se resolverá si la Fiscalía formula cargos oficialmente contra los 21 señalados. La trama vuelve a poner presión sobre el manejo de los contratos firmados en plena emergencia eléctrica. Y deja a Antonio Goncalves en el centro de uno de los expedientes más delicados que enfrenta hasta ahora el sector energético ecuatoriano.