La situación jurídica de la Revolución Ciudadana en el ámbito electoral quedó marcada por decisiones definitivas del Tribunal Contencioso Electoral. La sentencia ordenó una suspensión de nueve meses para esa organización política. El Consejo Nacional Electoral señaló que el fallo ya quedó ejecutoriado. Con eso, el organismo deberá retirar al movimiento del registro de organizaciones políticas activas durante el tiempo fijado en la sanción. A diferencia de otros procesos, esta vez la medida golpeó directamente a la personería jurídica del movimiento. Como consecuencia, la Revolución Ciudadana no podrá realizar actos administrativos oficiales ante el CNE. Entre esas acciones estuvieron la inscripción de nuevas directivas o alianzas. Esa limitación se mantendrá hasta que se cumpla el plazo de la sanción o se resuelvan las multas impuestas. La decisión llegó después de meses de litigio. El TCE dejó en firme la sanción de suspensión del registro por nueve meses. El caso avanzó por denuncias sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de la organización. Esos señalamientos estuvieron vinculados a las investigaciones fiscales de la trama conocida como “Caja Chica”. Según lo expuesto en el caso, el movimiento no pudo justificar el origen de ciertos fondos usados en su estructura orgánica y en eventos masivos como campañas. El Ministerio Público sostuvo que la organización habría utilizado fondos de campaña provenientes de Venezuela. Ese tipo de financiamiento es ilegal según el señalamiento expuesto en el proceso. Por este caso también se realizaron allanamientos. Entre ellos estuvo la vivienda de la expresidenta del movimiento, Luisa González. La sanción abrió una nueva etapa de tensión para el correísmo en el escenario electoral. Ahora el foco quedó puesto en cómo impactará esta suspensión en su operación política durante los próximos meses. El caso volvió a poner presión sobre el futuro inmediato de la Revolución Ciudadana.