La Contraloría General del Estado puso en la mira a la Alcaldía de Guayaquil tras dos años de gestión de Aquiles Álvarez. La entidad inició el 28 de noviembre de 2025 la búsqueda de una consultora externa para revisar los estados financieros 2023 y 2024. El objetivo es revelar hechos que afecten la posición económica del municipio y cómo se manejaron los recursos. El concurso está en fase de recepción de ofertas de las empresas interesadas. La auditoría también medirá si la información financiera es oportuna, útil, integral, adecuada y confiable. Para ese análisis, la Contraloría pidió en marzo de 2025 la información pendiente y encontró observaciones en los balances. El municipio corrigió los documentos y en mayo de 2025 entregó los estados definitivos. Los balances muestran que en 2024 los ingresos fueron USD 578.364.595, una caída de 52,5% frente a 2023 cuando llegaron a USD 1.217.797.461. En 2024 el cabildo se ubicó en el quinto lugar entre las entidades con más adjudicaciones del país. Ese año reportó 462 contratos por USD 159,7 millones, sin contar compras de entidades adscritas o empresas públicas. Quedaron fuera de ese monto las operaciones de ATM, AAG, DASE EP y la Fundación Terminal Terrestre. En 2025, hasta octubre, el municipio acumuló 288 compras por USD 203 millones. El contrato más grande fue de USD 54,5 millones para el tramo 1 del Quinto Acueducto entre La Toma y el reservorio Ciudad Victoria. El Sercop objetó al menos 16 procesos de la actual administración relacionados con servicios de publicidad por USD 4,3 millones. El cabildo respondió que detener esos procesos afecta el derecho de más de tres millones de guayaquileños a estar informados. La auditoría que contratará la Contraloría tiene un presupuesto referencial de USD 62.570, financiado con fondos municipales. La consultora ganadora tendrá 84 días para entregar su informe, con 70 días de trabajo de campo y una conferencia final de resultados. Luego habrá siete días para descargos de los involucrados y siete días más para incorporarlos en el documento. La entidad prevé adjudicar el proceso hasta el 4 de febrero de 2026. Este año la Contraloría ya auditó a Quito y Cuenca, halló indicios de responsabilidad penal y en Quito sugirió glosas por USD 5,7 millones en el Metro, mientras en Cuenca cuestionó la compra de un vehículo blindado de USD 176.800 más IVA y un mantenimiento mensual de USD 4.669.